La situación de la villa de Almendralejo en aquel año de 1711 fue bastante crítica, en parte por las circunstancias de la guerra, en parte por las adversidades climatológicas que se dieron en la primavera.
En el octubre anterior, el Marqués de Bay había ordenado que la villa contribuyese con 5.000 fanegas de trigo y 3.000 de cebada para manutención del ejército, a cambio de su valor. El Concejo manifestó la imposibilidad de proporcionar estos granos pues la cosecha de dicho año había sido muy corta. No consiguió que se rebajara la petición del ejército y entregó lo pedido sacándolo de los arbitrios de guerra , haciendo repartimiento entre los vecinos y requisas judiciales de los trojes y silos de particulares, con lo que se juntaron 4.850 fanegas de trigo y 1.500 de cebada, además de lo que consumió la caballería que estaba acuartelada en la villa.
Los documentos que han llegado hasta nosotros, en ocasiones, no concluyen con la resolución de los pleitos que se plantean, por lo que solamente conocemos la interposición de los recursos, que, por otra parte, son indicadores de un estado de opinión en quienes los interponen. Así, sabemos que, en febrero, el Concejo de Almendralejo, ante la situación señalada, interpuso un pleito ante el administrador de rentas por haberle cargado el 14% de alcabala y cientos en la "venta" de dicho grano, aduciendo que no hubo venta, por ser forzosa la entrega al ejército, con lo que nada más que había que pagar el 4%.
De igual forma, el Concejo, presidido por sus dos alcaldes, Francisco Fernández Flores, Caballero de Santiago, por el estado noble, y García Martín Barroso por los pecheros, dio en julio poder para que se pudiera cobrar el trigo y cebada que "en grandes porciones" se estaba sacando a los particulares para abastecer a veinte compañías de caballos que estaban "de cuartel y cantón" en la villa y no estaban abonando nada por ello.
En situaciones extremas, y en una sociedad donde predomina el privilegio, la defensa de los mismos se agudiza, por lo que un grupo de diez hidalgos, en representación de todo el estamento, en diciembre, protestaba que en la Villa había muchas personas que se estaban excusando de aceptar cargos, por hospedar religiosos en sus casas, o ejercer de estanqueros, arrendadores de rentas o receptores del papel sellado o de la sal, cuando solamente ellos, los hidalgos, estaban exentos de tales cargas, y a todos los demás se les debían repartir.
También protestaron los labradores arrendadores de las dehesas de la villa, Molinillo, Nueva, Escobar y Arriba, que las habían tomado para barbechar y sembrar en 1710 y recoger en 1711, porque, habiéndolas barbechado y cultivado con buen tiempo dándoles hasta tres rejas, sembrándolas en su momento y escardándolas se mostraron al principio muy fértiles y abundantes, pero en la primavera, por la falta de aguas, se esterilizaron de manera que la mayor parte de ellas no darán ni para compensar la simiente empleada; por lo que piden que no se les haga pagar el arrendamiento. Si no se les otorga y teniendo además que aportar muchas contribuciones a causa de la guerra, quedarían arruinados y tendrían que abandonar la villa e irse a otros lugares.
La crítica situación tuvo, como era previsible, su reflejo demográfico, pues en 1711 el número de defunciones creció como no lo había hecho en los últimos veinticinco años y por encima de lo que sucedería en el siguiente cuarto de siglo; y los nacimientos fueron inferiores a los del año precedente. De hecho, los utensilios de los oficiales de las 20 Compañías, no se cobraron, en repartimiento, a los vecinos "por la suma pobreza en que se hallan y yrse despoblando el vecindario".